con la normativa vigente impuesta por la CMT
La evolución favorable del mercado de banda ancha en España, avalada públicamente por el regulador nacional, hace del todo injustificable la resolución de Bruselas
Madrid, 4 de julio de 2007
Telefónica ha anunciado hoy su firme intención de solicitar la total anulación de la inexplicable decisión de la Comisión Europea con respecto al procedimiento iniciado, a petición de una empresa controlada por el Estado francés, contra Telefónica de España por un supuesto abuso de posición dominante en el mercado español de acceso de banda ancha a Internet. En los próximos días presentará un recurso ante el Tribunal de Luxemburgo.
Telefónica rechaza por injustificada y desproporcionada la decisión de Bruselas, tanto en el plano jurídico como económico y de mercado, pues ha cumplido escrupulosamente con la normativa vigente impuesta por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). La Compañía está, por lo tanto, convencida de haber cumplido a rajatabla con los exigentes parámetros de la CMT que, en aras de la competencia, regula ex ante cualquier iniciativa propuesta por Telefónica para ofrecer la mejor y más variada cartera de productos y servicios a los consumidores.
Desde el punto de vista jurídico, es la primera vez que la Comisión -con una argumentación totalmente contradictoria, ya que los precios altos permiten por definición márgenes a los competidores– impone una multa por estrechamiento de márgenes en relación a un servicio no esencial como es el servicio mayorista de acceso indirecto, que ni siquiera existe como obligación regulatoria en algunos países de nuestro entorno.
Por otro lado, como ha declarado públicamente la CMT, la evolución del mercado de banda ancha en España ha sido favorable desde el punto de vista de la competencia, lo que hace todavía más incomprensible la decisión de la Comisión Europea. Si la cuota de Telefónica en el mercado de banda ancha ha ido reduciéndose de forma significativa y constante en los últimos años, mientras que, proporcionalmente, sus competidores crecen, no es lógico sancionar a Telefónica por atentar contra la competencia.
El aumento de las conexiones de banda ancha en España entre 2001 y 2005 ha sido muy importante y ha estado en línea con el de otros Estados Miembros comparables de la UE. La propia Comisión Europea reconocía en su último informe anual que la penetración de la banda ancha en España avanzaba de modo satisfactorio.
Además, el mercado español de banda ancha se caracteriza por la presencia de competidores fuertes y suficientemente capitalizados, incluidas operadoras de cable que no dependen de la infraestructura de Telefónica para la prestación de sus servicios, aspecto diferencial con respecto a muchos países de la Unión Europea que también pone en entredicho la legitimidad de la acusación.
Inseguridad jurídica
Telefónica considera que la multa sanciona a la operadora por encontrarse entre dos regulaciones que se contradicen entre sí, la de su organismo regulador nacional (CMT) y la del regulador europeo. En consecuencia, la decisión de la Comisión plantea una enorme incertidumbre acerca del papel que el propio marco regulatorio europeo asigna a los organismos reguladores nacionales del sector de las telecomunicaciones y pone en tela de juicio las funciones supervisoras de las autoridades españolas.
Esta decisión crea una inseguridad jurídica que alterará inevitablemente los futuros planes de actuación de Telefónica y de todos los operadores, con un impacto directo en el desarrollo del sector en perjuicio del usuario final europeo.
A pesar de todo, Telefónica continuará prestando servicios de banda ancha en un mercado tan competitivo como el español, al tiempo que mantiene su compromiso de asegurar la competencia leal y los beneficios ofrecidos a los consumidores, por constituir éstos un valor fundamental en la estrategia corporativa de Telefónica.
Los hechos se remontan a 2003, cuando Wanadoo, precisamente una compañía controlada por el Estado francés, denuncia a Telefónica ante Bruselas por un supuesto abuso de posición dominante en el mercado español de banda ancha, mediante lo que se conoce con el nombre de «estrechamiento de márgenes». En febrero de 2006, la Comisión Europea abrió un procedimiento formal de investigación contra Telefónica de España por un asunto relacionado con la competencia, aunque curiosamente nunca consideró la posibilidad de imponer medidas cautelares para paliar la situación. Y todo ello pese a la constante y exhaustiva supervisión ejercida por el organismo regulador de las telecomunicaciones español (la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, CMT), que ha controlado y regulado la política de precios de Telefónica en servicios de banda ancha sin haber detectado en ningún momento estrechamiento de márgenes. Por esta razón, Telefónica tiene motivos justificados para considerar que ha cumplido estrictamente las normas sobre competencia y que ha actuado de buena de fe.
