Cuando las catorce empresas más importantes del sector de la construcción en España vieron las orejas al lobo y dejaron de ganar las ingentes cantidades de dinero que han convertido en multimillonarios a sus principales ejecutivos, constituyeron el denominado “G-14” y se fueron a ver al Gobierno, primero a la ministra Trujillo y luego, tras el fiasco de ésta, a Carme Chacón. De muy buena fuente sabemos lo que le dijeron a la ministra en esta reunión que se puede resumir en estas palabras: las vamos a pasar canutas pero si esto se hunde le va a ir peor al Gobierno ya que el sostenimiento del PIB depende de nosotros y se avecinan las elecciones. La ministra, que es una optimista compulsiva, se ha puesto el mundo por montera y aunque su mandato se presume efímero ante la inminencia de la convocatoria electoral ha sacado un conejo de la chistera, que no es otro que el de promover el alquiler. El Gobierno aunque yerra el tiro, ya que los jóvenes no quieren alquilar sino comprar, acierta en lo principal y es que no se puede mantener una generación de mileuristas sin emanciparse hasta los 34 años. No sólo es un problema social, familiar, de convivencia y demográfico, sino también económico, ya que no se crean unidades fiscales nuevas. De acuerdo con Solbes se ha puesto en marcha un sistema de ayudas directas y desgravaciones que ya veremos que éxito tienen para fomentar la salida de los jóvenes de sus casas paternas, pero esto no es suficiente para el lobby de la construcción que quieren seguir creciendo y ganando dinero a espuertas, así que no han tenido hoy otra ocurrencia que amenazar con que el precio de la vivienda podría dispararse en dos años si no se urbaniza más suelo. El “G-14” avisa de que el precio de los pisos volverá a subir de forma vertiginosa en el plazo de dos años por el «estrangulamiento» que se provocará en el sector en caso de que no se agilicen los plazos para urbanizar suelo y se tramiten planeamientos urbanísticos. Los constructores ponen al Gobierno contra la pared alegando que la promoción de nuevas viviendas ha descendido un 60 por 100 en el último semestre y que por cada vivienda no iniciada el paro aumenta entre 2 y 2,4 personas, lo que supone un elevado coste social. Al mismo tiempo hemos conocido hoy el informe de Idealista.com que dice que el tiempo necesario para vender una vivienda sigue creciendo: ya se tarda más de seis meses. Ante estos datos el Gobierno parece mirar para otro lado sin querer reconocer que el precio de la vivienda no es elástico y que no estamos ante una contracción de la demanda, sino ante un atraco de la oferta. Bajar los precios, aunque sólo sea de forma moderada, no va a acabar con la economía española y el propio ZP debería promoverlo e incentivarlo.
