Composición de la Comisión para el estudio y preparación del Anteproyecto de Ley del Patrimonio Histórico

La Comisión para el estudio y preparación del anteproyecto de Ley del Patrimonio Histórico tendrá como objeto el estudio y análisis de las necesidades normativas más adecuadas para la actualización de la legislación estatal sobre patrimonio histórico. La Comisión presentará al Ministro de Cultura, antes del mes de diciembre de 2009, un primer texto o borrador del correspondiente anteproyecto de ley.

Esta Comisión está compuesta por un Presidente y Vocales designados por la Administración General del Estado y otros procedentes de distintos ámbitos de la Cultura en calidad de expertos.

Composición

Presidente: Javier Rivera Blanco. Catedrático de Historia de la Arquitectura y de la Restauración. Universidad de Alcalá de Henares.

Vocales:

Por parte de la Administración General del Estado:

En representación del Ministerio de Justicia, Rafael Alcalá Pérez-Flores.

En representación del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,  Joaquín Carril Martínez.

En representación del Ministerio de Administraciones Públicas, Alejandro Fuentes del Toro.

En representación del Ministerio de Cultura:

1.º Concepción Becerra Bermejo.

2.º José Jiménez Jiménez.

3.º Luis Lafuente Batanero.

4.º Carlos Jiménez Cuenca.

5.º Severiano Hernández Vicente.

En representación del Ministerio de Vivienda, Ángela Cruz Mera, en materia de urbanismo, y Gloria Alcázar Albájar, en materia de edificación.

En calidad de expertos:

Araceli Pereda Alonso. Experta en cooperación internacional en materia de patrimonio histórico. AECI.

Felipe Criado Boado. Coordinador Científico y Técnico del Área de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC. Especialidad en Paisajes culturales y arqueología del paisaje.

Idoya Camiruaga Osés. Presidenta del Colegio de Arquitectos de Santiago.

Carmen Pérez García. Catedrática de Restauración de la Universidad de Valencia. Vicepresidenta de ICOMOS-Consejo Internacional de Monumentos y Sitios.

Ana Calvo Manuel. Restauradora y Doctora en Historia del Arte. Profesora Conservación y Restauración Universidad Católica de Oporto.

Fernando Bouza Álvarez. Catedrático Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid.

La Comisión contará con un Secretario que será designado por el Presidente de entre los miembros de la misma.

La necesidad de adecuación de la normativa a la realidad

La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 46 que «los poderes públicos garantizarán y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad». La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, vino a dar cumplimiento a este mandato constitucional y así se ha constituido en instrumento normativo esencial para la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del patrimonio histórico español.

Los importantes cambios que se han producido en esta materia desde la aprobación de la Ley debido a cuestiones como los procesos de internacionalización y globalización o de descentralización del Estado, demandan una adecuación de la normativa a esa realidad.

De este modo, se hace necesario emprender un proceso de reforma que incorpore las nuevas figuras de protección del patrimonio recogidas en la normativa internacional y, en muchos casos, también en las leyes autonómicas, que obedecen a una concepción más moderna del patrimonio. Igualmente, y en especial ante una materia en la que el reparto competencial es particularmente complejo, resulta esencial reforzar los mecanismos de cooperación entre las administraciones implicadas en su protección.

Asimismo, debe hacerse frente a los nuevos retos que plantea la protección del patrimonio histórico, en particular, su relación con ámbitos sectoriales de especial relevancia como el medio ambiente o el urbanismo, estableciendo así una concepción global e integradora de la protección del patrimonio. El carácter horizontal de estas materias origina a menudo conflictos de intereses que demandan la búsqueda de mecanismos adecuados para su resolución.

Para llevar a cabo los análisis y estudios previos así como la elaboración de un documento que sirva de base para la posterior elaboración del anteproyecto de ley del patrimonio histórico se constituye la Comisión formada por expertos en las áreas de relevancia.

Para dar cumplimiento de sus cometidos, el Presidente de la Comisión establecerá el calendario de sesiones, el método de trabajo y, en general, decidirá todos aquellos aspectos que considere necesarios para el buen fin de la Comisión. La Comisión podrá reunirse cuantas veces considere conveniente en la sede del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura será el encargado de proveer de los medios materiales y personales requeridos por la Comisión. Los miembros de la Comisión percibirán las indemnizaciones que les correspondan, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón de servicio.