Por Erika Navarlaz (abogada del despacho Abanlex Abogados)
Recientemente ha sido publicado el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Libro Electrónico del Ministerio de Cultura. En él se da protagonismo a la regulación jurídica que desarrolla las relaciones contractuales derivadas de su nacimiento. Esta ordenación es de tal importancia que determinará el posible triunfo o fracaso de la comercialización del libro digital.
El éxito del libro electrónico radica en dos factores: de cómo se adapte el marco legal a las necesidades del libro; y de la ausencia de un modelo de negocio definido, provocada en parte por la circunstancia anterior.
Son muchas las dudas que suscita la integración en el mercado del soporte digital como medio de reproducción de la obra y por eso el informe recomienda una pronta adaptación de la normativa legal vinculada al libro electrónico principalmente en los aspectos relativos al contrato de edición literaria. También trata la posibilidad de que la digitalización afecte a la obra literaria como conjunto, su difusión en las redes P2P con la autorización expresa del titular del derecho para esto y el estudio de soluciones al problema de la copia ilegal.
El informe alaba la iniciativa del Gobierno al instar la creación de la Comisión Interministerial formada por representantes de los Ministerios de Justicia, Industria, Interior y Cultura para aunar sus esfuerzos en la mejora del marco legal y la lucha contra la vulneración de los derechos de Propiedad Intelectual en Internet. Esta Comisión se creó en noviembre de 2009 para asesorar y ayudar en las labores de la lucha, educación, información y sensibilización social sobre Propiedad Intelectual y el informe pide que ahora intervenga en la regulación del libro electrónico.
Sujetos estudiados en el Informe:
- El autor del libro que se adapta digitalmente se ve en una posición comprometida en cuanto al uso que se va a hacer de esa obra digital. La integridad del libro y la inclusión de los derechos derivados de la misma en el contrato de edición como una cláusula más o un anexo diferenciado e independiente son las cuestiones más relevantes para los intereses del autor y necesitan aclaraciones urgentes.
- Las librerías se han solidarizado con los autores y piden medidas contra la piratería y la defensa de los derechos de autor. Defienden además su posición como “canal natural y experto” en la venta de libros, independientemente de su formato. No quieren que desaparezca el personaje del librero como “agente informador” que indica y aconseja sobre la naturaleza y caracteres de los libros del mercado.
- Los distribuidores son defensores férreos del formato electrónico y reclaman su lugar en la edición digital. Proponen la creación de los denominados “Distribuidores de Activos Digitales” (DAD), estos son, sociedades especializadas por temática o por tipos de cliente, que colaborarían con las librerías tradicionales para su distribución de libros en papel y digitales a través de las TIC.
El informe, firme en su redacción en cuanto a la necesidad de una regulación urgente respecto de los problemas que se derivan de la comercialización del libro electrónico, advierte de que el nuevo e-book es un producto de muy poca demanda en España, lo cual podría llevar a su desaparición, lo que no eximiría de la obligación de una regulación firme al respecto por caber siempre la posibilidad de comercializar este formato y sobre todo por el éxito que sí está teniendo la versión digital y venta electrónica de muchos libros.
Se estudia a su vez el hecho de que el libro en su formato digital debería presentar un precio inferior a su formato en papel, tendencia avalada por la mayoría de las editoriales. No es tan unánime sin embargo, la postura en cuanto al efecto que produce la interacción del lector con el texto en papel y la que se produce con el formato digital. Esto, que entra en conexión con el problema de la conservación de la integridad de la obra, derecho moral del autor, queda descartado para el sistema educativo, puesto que los expertos aluden a la necesidad de varias fases para el aprendizaje que hacen imprescindibles la lectura en papel en lugar de la interactuación digital.
Por último el informe señala que la Administración General del Estado, a través del Plan Avanza, está fomentando la adaptación al cambio digital y la renovación legal para la comercialización y difusión del libro electrónico. Informa de que existe un régimen de subvenciones para lograrlo y destaca la Plataforma Agrega para el fomento de contenidos digitales en línea y anima a la industria editorial a tomar el relevo.
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