Si un rasgo caracteriza las relaciones entre Iglesia y poder político en el siglo XVIII en España es el constante intento por parte del Estado de controlar el influjo de ésta como institución espiritual. Su alcance era tal, que se identificaba con la esencia cultural y social de los reinos de componían una monarquía de vastos dominios. La historiografía ha situado en 1767, año de la expulsión los jesuitas por una de las más importantes pragmáticas de Carlos III, el punto de inflexión de esas tensiones. El destierro de la Compañía, fundada por San Ignacio dos siglos y medio antes, viene centrando la labor investigadora de un equipo de historiadores dirigido por Enrique Giménez López, de la Universidad de Alicante, que nos propone en un nuevo volumen aparecido bajo los auspicios del Servicio de Publicaciones de la misma un elenco de nueve ensayos sobre el tema. Para titular la obra, dedicada precisamente a la memoria del sacerdote jesuita y profesor Emilio Pinedo, se ha escogido un genérico “Aspectos de la política religiosa en el siglo XVIII”.
Un acierto en los ensayos es participar de la novedosa corriente historiográfica que opta por acercarse a cualquier realidad del pasado desde una perspectiva marcadamente comparada. En este caso, son verdaderamente frecuentes las alusiones al proceso de expulsión en otros reinos europeos (Portugal, 1759; Francia, 1764; Nápoles y Sicilia, 1767), que desencadenó la supresión universal de 1773, decretada por Clemente XIV. En este sentido, es especialmente significativa la aportación de Mar García Arenas, “La colaboración hispano-portuguesa contra la Compañía de Jesús (1767-1768)”: el movimiento contra los jesuitas supuso incluso motivo de acercamiento político entre las cortes de Madrid y Lisboa, superando enfrentamientos por cuestiones fronterizas en Iberoamérica, tras el motín de Esquilache, en la primavera de 1766. Si Carlos III ordenó la expatriación justo un año después, fue utilizando en gran parte la acusación nunca demostrada de su participación en la revuelta histórica que llevó para siempre el nombre de su ministro. Los portugueses, sin embargo, se le adelantaron una década con más grave casus belli: los jesuitas fueron acusados de estar tras los atentados contra José I el 3 de septiembre de 1758, aunque no faltó quien señaló como verdadero instigador al muñidor de la expulsión, el entonces marqués de Oseiras y futuro marqués de Pombal.
Nos encontramos ante una obra de claroscuros. A un exhaustivo despliegue de investigación documental se opone, en la mayoría de los ensayos presentados, una visión, como punto de partida y llegada, claramente negativa sobre la sociedad ignaciana. El lector no avisado y con escaso sentido crítico asumirá sin problema excesos de adjetivación en las argumentaciones, pero más que previsiblemente muchos historiadores, no sólo los pertenecientes a la Compañía de Jesús, debatirán la imagen que se propone. Ni siquiera en último ensayo, dedicado a la defensa que los jesuitas hicieron de su causa desde la perspectiva de víctimas de una conspiración, en el que el profesor Giménez López parece prestarles voz, alcanza a crear una imagen de equilibro general. A cada paso y razonamiento hallamos fatum, la presencia de la expulsión como un acontecimiento inevitable y por tanto sin necesidad de justificación. No puede ser así. Los lectores de obras de historia no se conforman con eso.
Andrés Merino Thomas
