El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, ha explicado en el foro Cercle de Cultura de Barcelona los detalles del borrador del Anteproyecto de Ley de Participación Social y Mecenazgo, así como su justificación intelectual y política.
El secretario de Estado ha anunciado que el próximo miércoles se reunirá la Comisión Delegada de Asuntos Culturales, que preside la vicepresidenta del Gobierno, en la que está previsto aprobar el borrador de dicha Ley. «Si todo fuera bien, el texto articulado del mismo podría estar elaborado al término de este primer periodo de sesiones o al principio del siguiente», ha declarado.
José María Lassalle ha indicado que, con esta nueva norma, “se quiere que el mecenazgo juegue un papel que hasta el momento no ha sido explorado convenientemente en nuestro país”.
Esta iniciativa, “no pretende competir con los poderes públicos ni sustituirlos en su labor de fomento cultural, sino complementar y apoyar esa actividad a través de una mentalidad benefactora que permita a la cultura andar más libremente: liberada de los rígidos y pesados corsés que le han impuesto la política, con letra pequeña, y la subvención, con letra mayúscula». Se trataría, por tanto, de un medio complementario y nunca sustitutorio de la labor de las administraciones públicas.
Según el Titular de la Secretaría de Estado de Cultura, «con esta nueva Ley, queremos devolver a la sociedad su protagonismo».»Aspiramos a construir un marco legal amplio y ambicioso, en el que no se beneficiarán únicamente las grandes corporaciones e instituciones, sino todos los ciudadanos que quieran, mediante una participación más directa, involucrarse en la construcción del patrimonio cultural del futuro».
Detalles del Anteproyecto de Ley
Profundizando en los detalles del Anteproyecto de Ley de Participación Social y Mecenazgo, el secretario de Estado de Cultura ha expuesto que «el objeto de la norma será elaborar una ley singular y específica sobre el mecenazgo que otorgará una mayor visibilidad, impulso y fomento de este fenómeno generando un debate público informado y un discurso político sobre la participación social y las nuevas fuentes de financiación de las actividades de interés general».
Esta nueva legislación «abarcará diversos ámbitos de actividad (social, cultural, educativo, científico, innovación e investigación, deportivo o medioambiental). Tendrá una doble vertiente, por un lado, contendrá medidas de carácter tributario y, por otra, creará estímulos a la participación privada en actividades de interés general que fomenten la motivación de los benefactores a través del reconocimiento público de su altruismo». «Adicionalmente, la Ley tendrá la pretensión de revisar el carácter automático del régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos», ha afirmado Lassalle.
Entorno europeo
El secretario de Estado de Cultura ha afirmado que «en todos los países europeos existen ya regímenes fiscales muy favorables a las aportaciones privadas de personas físicas o jurídicas, ya sea mediante incentivos fiscales o a través de la deducibilidad de donaciones en porcentajes muy superiores al que actualmente prevé la vigente Ley española».
En ese sentido, Lassalle ha puesto como ejemplo el caso francés, donde se aumentó el incentivo fiscal en 2003 hasta el 60% en las personas jurídicas y un 70% en las físicas, y generó que en siete años, el patrocinio privado se multiplicara por 5,3, al pasar de 150 millones de euros donados en 2004 a 683 millones en 2011.
