El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual, mediante el cual se modifican el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de 1996, y la Ley de Enjuiciamiento Civil, del año 2000.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado que la futura ley establece un sistema de recaudación de ventanilla única como medio de facturación y pago de los derechos de propiedad intelectual; mejora la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital; regula el concepto de copia privada y adapta el límite de cita o reseña de los agregadores de contenidos o buscadores de Internet. La norma también reconoce el derecho de las empresas editoras y de los autores de noticias a ser compensados económicamente por la explotación de sus contenidos.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha afirmado que la reforma da respuesta a los aspectos más urgentes para proteger la propiedad intelectual y facilitar la transición digital: «Queda pendiente una reforma de mayor alcance, más profunda, a través de la cual se consiga un nuevo equilibrio entre titulares de derechos y usuarios».
Límites de la propiedad intelectual
José Ignacio Wert ha detallado que el proyecto de reforma acota de «una forma más rigurosa y conforme a la situación actual» el concepto de copia privada. Ésta queda circunscrita a las copias para uso privado y sin fin comercial de CD y DVD comprados y a las grabaciones de radio y televisión para su visionado o escucha posteriores.
El ministro también ha indicado que se generaliza el derecho de cita a todos los ámbitos de la enseñanza, la investigación y la ilustración científica. Así, se permite la utilización de pequeños fragmentos sin necesidad de autorización y sin que den derecho a compensación. El uso de fragmentos más amplios requerirá una compensación equitativa.
La norma adapta el límite de cita o reseña al ámbito de los agregadores de contenidos o buscadores en Internet. Wert ha señalado que la futurya ley «autoriza, con carácter general, el uso de fragmentos no significativos de contenidos informativos, de formación de la opinión o de entretenimiento con un derecho irrenunciable de compensación a los editores».
En este sentido, el ministro ha apuntado que esta regulación es pionera en el ámbito de la UE: «Es la primera vez que una regulación de la propiedad intelectual introduce el derecho de los editores a obtener una compensación equitativa por el uso que de sus ediciones hacen los agregadores de noticias».
Entidades de gestión
El titular de Educación, Cultura y Deporte ha asegurado que el texto establece un sistema de «mayor garantía, transparencia y mejor rendición de cuentas» de las entidades de gestión colectiva de los derechos de autor. Habrá tres agentes de supervisión: el Ministerio de Cultura; la Comisión de Propiedad Intelectual y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Wert ha destacado la importancia de la creación de una ventanilla única, de carácter privado, para la facturación y el pago de los derechos. «Será un elemento muy importante para la reducción de los costes de transacción en el mundo de la propiedad intelectual», ha dicho.
Combatir la piratería
El ministro ha resaltado que se refuerzan los instrumentos para luchar contra la piratería. En este sentido, la norma establece que vulneran la ley no sólo quienes alojan contenidos ilícitos sino todos aquellos que de forma sistemática, con propósito comercial y a sabiendas, facilitan el acceso ordenado, clasificado e indexado de contenidos ilegales para su utilización por terceros.
Las sanciones por incumplir la ley irán de los 30.000 a los 300.000 euros. Además, se podrá actuar sobre los anunciantes y plataformas de pago electrónico que sean mediadores de actividades ilícitas y bloquear técnicamente las páginas.
Por otra parte, la norma amplía el plazo de protección de los 50 a los 70 años de las obras musicales con letra y establece garantías jurídicas para las «obras huérfanas».
