La Guardia Civil, dentro del “Plan para la Defensa del Patrimonio Histórico español”, ha realizado una campaña en la que se ha intensificado la vigilancia de pecios y se han inspeccionado clubes de buceo, zonas aledañas a puertos deportivos y embarcaciones de pesca localizados en todo el territorio nacional. Con esta campaña se pretende evitar el expolio de pecios y detectar la posesión o venta ilegal de bienes arqueológicos subacuáticos. Han sido realizadas 597 inspecciones.
Entre los bienes que se pueden extraer del medio subacuático destacan las piezas de cerámica, armas, monedas, objetos cotidianos de la vida a bordo e instrumentos de navegación.
Para ello, se ha llevado a cabo la segunda fase de la operación “ÁNFORA” desde los días 20 al 30 de junio, que ha contado con más de 1.500 efectivos de la Guardia Civil pertenecientes a las unidades subacuáticas, fiscales y marítimas en las provincias de Barcelona, Girona, Tarragona, Valencia, Alicante, Castellón Murcia, Almería, Granada, Málaga, Algeciras, Cádiz, Huelva, Pontevedra, A Coruña, Lugo, Oviedo, Gijón, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa, Islas Baleares, i Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, y las ciudades de Ceuta y Melilla.
De las 597 inspecciones realizadas durante el desarrollo de la operación se han realizado un total de 308 Inspecciones de establecimientos y clubs de buceo; 103 inspecciones de pecios y 75 embarcaciones, destacándose que, de las 39 infracciones administrativas detectadas, ninguna ha sido relativa a la normativa de protección del Patrimonio Histórico, siendo en su mayoría afectas a la Ley de Marina Mercante.
Una de las vertientes de la operación se ha centrado en evitar el expolio conocido como de “pequeña escala”, cuyos casos varían desde los descubrimientos accidentales de pescadores que en su trabajo diario recuperan en sus redes objetos procedentes del fondo marino, normalmente fragmentos cerámicos de ánforas, útiles de navegación (catalejos, sextantes, etc.) e incluso anclas o cañones.
Por otra parte, se intenta controlar a los buceadores aficionados que se quedan para sí los objetos que encuentran, y a aquellos otros buceadores dedicados específicamente a la búsqueda ilícita de estos materiales que, en ocasiones, incluso se apoyan en estudios documentales para la localización de pecios o estudio de piezas, para su posterior comercialización.
Este tipo de actividades causan daños irreparables en los yacimientos, ya que no son extraídos con metodología arqueológica, descontextualizando los objetos que son extraídos sin ningún tipo de control, y ocasionando la pérdida de información histórica. Con este tipo de operaciones se trata de paliar el daño sufrido durante muchos años en el patrimonio arqueológico subacuático de la costa española.
El “Plan para la Defensa del Patrimonio Histórico Español” se enmarca en el objetivo estratégico establecido por el Ministerio del Interior para la defensa de los bienes culturales. El objetivo principal es proteger los diferentes patrimonios con que cuenta nuestro país. La Guardia Civil tiene competencia exclusiva en el mar territorial, por lo que es un actor fundamental en la protección del patrimonio arqueológico subacuático.
Con esta operación se pretende también concienciar a todas aquellas personas que, aprovechando la llegada del buen tiempo y el incremento de inmersiones, se dedican a buscar pecios y extraer ilegalmente este Patrimonio Histórico.
