Nadie sabe qué hacer con la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria

El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, ha mantenido una reunión con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo y con la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, para analizar la situación en la que se encuentra la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria, ante las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que ordenan su demolición.

Sobre la reunión, en atención a los medios de comunicación, el secretario de Estado ha destacado “la absoluta sintonía y colaboración para tratar de encontrar la mejor solución” para la Biblioteca Pública del Estado.

José María Lassalle ha señalado “el espíritu de colaboración en el deseo que las administraciones involucradas en este asunto han puesto sobre la mesa, que es salvaguardar por un lado el cumplimiento de una resolución judicial, a la que todos estamos obligados, y al mismo tiempo tratar de encontrar una fórmula que atienda a un interés general vinculado a la conservación y mantenimiento de una biblioteca pública”.

“Estamos trabajando en encontrar la fórmula que permita ambos aspectos –cumplir la resolución judicial y conservar en el emplazamiento actual a la biblioteca-“, ha dicho el secretario de Estado.

Por su parte, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado que “se va con una hoja de ruta”, que se fundamenta en “que vamos a trasladar el expediente al Gobierno central para que hagan ejercicio de defensa del interés general. En ese sentido, se están estudiando las opciones posibles que vayan encaminadas a que, sin violentar una sentencia del Tribunal Supremo, garantice el interés general que es que la biblioteca permanezca donde está”.

El Alcalde ha remarcado que la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria “se encuentra en un lugar privilegiado de nuestra ciudad”.

La delegada del Gobierno en Canarias ha querido poner de manifiesto “el ánimo de colaboración institucional entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de España”. Asimismo, Hernández Bento ha indicado que “vamos a hacer todo lo posible por aportar una solución que mantenga el equilibrio entre el cumplimiento de la sentencia judicial y la salvaguarda de la biblioteca pública”.