El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha anunciado la decisión adoptada por el Gobierno ante las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que ordenan la demolición de la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria. En aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa, se ha adoptado una solución indemnizatoria por justiprecio a través de los Presupuestos Generales del Estado.
El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, ha informado de esta decisión al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, en un reunión mantenida el día 15 de octubre, a la que también ha asistido la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento.
Según ha afirmado el secretario de Estado de Cultura, con esta decisión “la Biblioteca queda salvaguardada. Se trataba de evitar que una biblioteca y que una importante inversión pública que se había hecho pudiera verse derribada y afectado por tanto el interés general vinculado al servicio público de la propia biblioteca”.
“Al mismo tiempo se ha buscado atender el derecho subjetivo que tenían las partes recurrentes y que la sentencia judicial reconocía, y que a través del justiprecio correspondiente y la aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa por un lado, y de la Ley de Presupuestos Generales del Estado por otra, atiende y satisface plenamente”.
El secretario de Estado de Cultura ha agradecido “el compromiso con la defensa del interés general del Estado” del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria “en la resolución de una situación que afectaba a un servicio público tan importante como es la atención bibliotecaria a los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria”.
Por su parte el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado que “estamos ante un gran día. La biblioteca no se va a tirar”. Además ha recalcado que “el Ayuntamiento no va a tener que soportar ningún tipo de indemnización como consecuencia de esta operación. Se trata de una solución ideal y eficiente”.
