En nuestro país se han llevado a cabo 5.897 inspecciones realizadas en envíos de paquetería, equipajes, comercio ilegal a través de internet, contenedores de mercancías, establecimientos de venta de animales, anticuarios, cotos de caza, espacios naturales, etc.
Asimismo, se han formulado 683 denuncias por diferentes infracciones, 99 de ellas por incumplimientos del Convenio CITES y de otras normas sobre protección de especies.
Entre las aprehensiones realizadas destaca la intervención de felinos (lince caracal y gatos servales), 35 primates (monos tití, monos de cara azul, talapoin), 48 aves rapaces (buitres, halcones, águilas), más de 200 aves exóticas (tucanes, kakarikis, loros, faisanes), reptiles (tortugas marinas y terrestres, cocodrilos, camaleones, serpientes), especies marinas como tiburones, atunes rojos, caballitos de mar y alevines de anguila.
Cuarto negocio ilegal más lucrativo en el mundo
Las estimaciones de Interpol señalan al delito contra el medio ambiente como uno de los que mayor crecimiento está experimentando a nivel internacional, principalmente motivado por el amplio beneficio económico que obtienen las redes criminales especializadas que operan en este ámbito.
Según informes de Naciones Unidas e INTERPOL, los delitos medioambientales se sitúan como el cuarto negocio ilegal más lucrativo a nivel mundial tras el tráfico de drogas, la falsificación de productos y el tráfico de personas. Sus ganancias se estiman entre 91.000 y 258.000 millones de dólares anuales, a un ritmo de crecimiento del 5 al 7%, también anual.
Cabe destacar que España, por su ubicación geográfica y vínculos comerciales y culturales es lugar de tránsito o destino de numerosos tráficos ilegales de especies de flora y fauna desde África y América Central y del Sur con destino al mercado interior, al resto de Europa y al continente asiático.
En la operación han participado efectivos del SEPRONA apoyados por unidades del Servicio Fiscal y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil.
Los detenidos e investigados en esta operación se enfrentan a penas de prisión de 6 meses a 5 años y a multas de hasta el 350% del valor comercial de la especie.
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