El pasado fin de semana el Círculo de Empresarios que aglutina a los principales dueños y ejecutivos de las empresas españolas, muchos de ellos propietarios de extraordinarias colecciones de arte, bien a título personal o través de fundaciones, hicieron público el siguiente comunicado sobre la situación creada en Cataluña, que por su interés reproducimos.
El Círculo de Empresarios, fiel a su compromiso con los intereses generales de los españoles y ante la evolución de los acontecimientos en Cataluña, desea pronunciarse de nuevo sobre el principal problema que hoy afronta España.
Aunque generada por una parte de la clase política catalana, esta deriva secesionista es, además de un problema político, un problema social y civil que está dividiendo a una sociedad que hace ya muchos años decidió reconciliarse. Resulta injustificable que quienes tienen la responsabilidad de gobernar una Comunidad propongan un proyecto que, además de ser inviable, divide a la sociedad, enfrentando hermanos contra hermanos y padres contra hijos, rompiendo amistades y relaciones profesionales, conduciendo al conjunto de la sociedad catalana a un auténtico precipicio. Utilizar las instituciones, que son de todos, para fines exclusivamente partidistas resulta un fraude a todos los catalanes y al resto de los españoles.
Decíamos hace casi dos años que cualquier intento de imponer un proyecto político al margen de la ley debe tener la respuesta firme de los poderes públicos, ya que éstos tienen la obligación y la responsabilidad de defender, con prudencia pero con firmeza, la Democracia y el Estado de Derecho frente a cualquier intento de burlarlos. También recordábamos que la única forma civilizada de resolver las naturales diferencias en una sociedad es a través del diálogo y en el marco de la Ley.
En estos difíciles momentos, el Círculo de Empresarios quiere, además de levantar su voz en favor del orden constitucional, hacer un llamamiento a todos los ciudadanos de Cataluña para frenar cuanto antes esta evolución de los hechos que a todos nos perjudica.
Una vez que se supere el clima de tensión e incumplimiento de la ley será el momento de revisar, con el sosiego y el consenso correspondiente, cuestiones de profundo calado que afectan no sólo a Cataluña sino al resto de las Comunidades Autónomas. España es una nación admirable, pero tiene ante sí grandes retos derivados de la profunda transformación que se está produciendo en el mundo. Por ello, los poderes públicos deben consensuar las grandes reformas que son necesarias, entre las que se encuentran la financiación de las Comunidades Autónomas y su mejor encaje en nuestro ordenamiento constitucional.
Es preciso reconocer que entre muchos ciudadanos de Cataluña existe un sentimiento de malestar, que es necesario gestionar. Debemos recordar los beneficios y las ventajas de caminar juntos como se ha hecho durante siglos. Especialmente es necesario recordar que en los últimos 40 años hemos conseguido alcanzar unidos unos niveles de libertad, prosperidad, desarrollo económico y bienestar social sin precedentes en nuestra historia.
Cataluña es una de las regiones más prósperas de Europa y siempre ha sido para el resto de España una referencia por la que todos hemos sentido admiración y afecto. A Cataluña, la Historia lo demuestra, le ha beneficiado pertenecer a España. Una hipotética secesión perjudicaría a toda España, pero muy especialmente a Cataluña, no sólo por la ruptura de esa relación, sino también por dejar de pertenecer a la Unión Europea.
Nuestra prioridad debe ser formar parte de la consolidación del proyecto europeo, que haga posible que nuestra cultura compartida, sustentada en el Estado de Derecho y el imperio de la Ley, haga oír su voz en el mundo. Y para participar en ese proyecto, resulta necesario superar este malestar, restableciendo un clima de acuerdo y confianza que nos permita concentrarnos en el diseño de un proyecto común, estimulante e inclusivo.
Construir este futuro común se ve perturbado por las graves amenazas al orden constitucional. Por ello, el Círculo de Empresarios reclama y apoya el ejercicio responsable de los poderes del Estado para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas, y, en definitiva, el respeto al Estado de Derecho. Solo desde estas bases será posible acometer ese proyecto de país que ilusione y vertebre a toda la sociedad española.
