El BOE, en su edición del martes 5 de noviembre, ha publicado el Real Decreto-ley aprobado en el pasado Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad en materia de administración electrónica, contratación de las administraciones públicas y telecomunicaciones.
El texto incluye iniciativas sobre la documentación nacional de identidad, la identificación electrónica ante las administraciones, los datos que obran en poder de las mismas, la contratación pública y el sector de las telecomunicaciones. La norma, que refuerza la Ley de Seguridad Nacional, ha entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, Carmen Calvo, ha defendido que la urgencia del procedimiento responde a la necesidad de reforzar la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y el «interés general del país en su totalidad demográfica y territorial».
Calvo argumentó que las medidas reguladas en el Real Decreto-ley afectan a siete ministerios, son proporcionadas y se han tomado de forma responsable: «En el ámbito digital ocurren cosas que, a veces, son irreparables. Por lo tanto, hay que reaccionar de manera inteligente, razonable y proporcional» ante las denominadas ciberamenazas.
Principales iniciativas
Carmen Calvo señaló que el Documento Nacional de Identidad, con carácter exclusivo y excluyente, será el único documento con valor suficiente para acreditar la identidad y los datos personales de su titular. Además, subrayó que los servidores con los que operan las administraciones públicas tendrán que estar en territorio de la Unión Europea y no en paraísos digitales. «Tenemos que conocer de dónde sale la información en este país, quiénes la manejan y con qué fines», ha dicho.
La vicepresidenta también explicó que se refuerza el acceso de los ciudadanos a la administración pública y la protección de sus datos personales. La norma incluye medidas en materia de contratación pública para garantizar que los contratistas cumplan la normativa en materia de protección de datos y seguridad pública.
En el ámbito de las telecomunicaciones, el Gobierno ha resaltadao que hay que identificar más y mejor las ciberamenazas y reaccionar ante el espionaje y la utilización incorrecta de datos en casos esenciales para el funcionamiento de una democracia, como los procesos electorales.
Asimismo, recalcó que el Real Decreto-ley afecta a todas las administraciones públicas y a todas las comunidades autónomas.
Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo
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