El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbastro ha ordenado la inmediata devolución de los 111 bienes, que se encuentran en Lleida, a las parroquias de la Diócesis de Barbastro-Monzón. La sentencia dictada estima de forma íntegra la demanda presentada por el Obispado de Barbastro-Monzón, en representación de las 43 parroquias, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Además, desestima en su totalidad las demandas del Obispado de Lleida y del Consorcio del Museu de Lleida de las que absuelve a la diócesis aragonesa.
Conflicto de los bienes eclesiásticos de la Franja
El conflicto de los bienes eclesiásticos de la Franja, también conocido como conflicto del patrimonio eclesiástico del Aragón Oriental, o simplemente conflicto de los bienes de la Franja, es un conflicto generado entre las comunidades autónomas de Aragón y Cataluña por los bienes eclesiásticos que corresponden a las parroquias oscenses transferidas en 1995 de la diócesis de Lérida a la de Barbastro-Monzón, situándose la mayor parte en la Franja de Aragón.
El 15 de junio de 1995, el Nuncio Apostólico de la Santa Sede en España notificó al presidente de la Conferencia Episcopal Española, el arzobispo de Zaragoza, Elías Yanes, la decisión de la Santa Sede de acoger la recomendación de ésta y realizar la transferencia de las 111 parroquias aragonesas hasta entonces pertenecientes a la diócesis de Lérida a la nueva diócesis de Barbastro-Monzón. La notificación en concreto se expresaba en los siguientes términos:
La transferencia de las parroquias y, sobre todo de sus respectivos bienes y objetos artísticos o de arte sacro, inició una intrincada serie de litigios entre las diócesis de Barbastro-Mozón y Lérida, tanto de derecho canónico como de derecho administrativo, en los que se han visto envueltos los gobiernos de Aragón y Cataluña. En 2003 el Obispado de Lérida recibió 60.000€ como cobro por servicios de asesoramiento al Museo Diocesano para evitar la devolución de los bienes a las parroquias afectadas.
Finalmente, los jueces eclesiásticos decidieron en 2005 que las 113 obras de arte pertenecían a la diócesis de Barbastro-Monzón. La diócesis de Leŕida emitió un comunicado aceptando la decisión, a la vez que anunciaba que se abriría el proceso administrativo civil. Más tarde, el obispado de Lérida anunció que se debían comenzar conversaciones para llegar a un acuerdo, no dando por finalizada la disputa.
En 2006 la Generalidad de Cataluña autorizaba la salida de los bienes poniendo como condición la «preservación de la unidad e integridad de la colección», además de exigir «la apertura de más de una sede museística, que incluya el territorio catalán; la edición de un catálogo único de las obras; una política conjunta de intercambio; y que se acuerden itinerarios de turismo rural que difundan los valores de su patrimonio cultural». Poco después el parlamento catalán, bajo la iniciativa de CiU y los votos a favor de ERC, PSC e ICV, emitieron una resolución que obligaba al gobierno catalán a mantener las obras en el Museo Diocesano de Lérida.
La resolución conminaba a la Generalidad a que «las obras de arte en litigio, gestionadas desde hace más de cien años por el obispado de Lérida, se mantengan como colección inscrita en el Catálogo de Patrimonio Cultural Catalán según la Ley 9/1993 del patrimonio», además de que «las obras de arte en litigio se conserven y expongan en el Museo de Lérida, Diocesano y Comarcal hasta que no se llegue a un acuerdo de gestión consensuado entre las partes en conflicto que permita la salvaguarda y la difusión de la colección en los términos que recomienda el Consejo Internacional de Museos (ICOM) y la comunidad museística internacional». La resolución de la Generalidad anterior, de la consejera de cultura, Caterina Mieras, fue ampliamente criticada por el parlamento. Aragón suspendió su participación en la Eurorregión Pirineos Mediterráneo en 2006 como protesta por la actitud de las autoridades catalanas.
El 1 de julio de 2008 se llegó a un acuerdo entre las dos diócesis, por el que se entregaba las obras de arte a la diócesis de Barbastro-Monzón. Sin embargo el conflicto permaneció atascado por la negativa continuada de la administración catalana de dar el permiso de salida, lo que llevó finalmente a Aragón a presentar una querella criminal en febrero de 2009, renunciando a la solución del procedimiento civil que se veía sin salida. En noviembre de 2010 se convocó una manifestación en Zaragoza para protestar.
En octubre de 2011, la Audiencia Provincial de Lérida confirmó la sentencia del del juez de Primera Instancia de Lérida, confirmando la titularidad de los bienes de las parroquias aragonesas. El nuncio papal, Renzo Frattini, confirmó en noviembre 2011 que los bienes serían devueltos a Aragón en 6 a 12 meses.
El 21 de julio de 2012, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lérida comunicó a la Diputación Provincial de Lérida, miembro del Consorcio del Museo Diocesano de Lérida, su sentencia sobre el recurso contencioso-administrativo que el Gobierno de Aragón interpuso en relación a las 113 piezas de arte diocesano que se encuentran en dicho museo. Esta sentencia desestimaba íntegramente el recurso del Gobierno de Aragón, a la vez que recogía la incompetencia del citado Gobierno de Aragón para actuar sobre los bienes que se encuentran en el territorio de la comunidad autónoma catalana, afirmando que los objetos eran «patrimonio cultural catalán».
El conflicto volvió a avivarse cuando, en verano de 2015, el consejero de Justicia de la Generalidad, Germà Gordó, ofreció la nacionalidad catalana a los habitantes de la Franja de Aragón en una hipotética Cataluña independiente. El presidente de Aragón, Javier Lambán, reaccionó hablando «de una agresión entendible desde la indigencia intelectual y ética de quien la plantea», además recordó la actitud «de retener unas obras de arte expoliadas se pone moralmente a la altura de un régimen al que ustedes condenaron en su día por haber hecho eso mismo a Cataluña», ante el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. Una carta abierta de Lambán a Mas solicitando una solución al conflicto, fue respondida por el presidente de la Generalidad en una misiva a Gordó dando por buena la propiedad catalana de los bienes y poniendo en cuestión la «identidad de los aragoneses».
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