El cuadro que marcó un antes y un después en la defensa del patrimonio: La marquesa de Santa Cruz. El Museo del Prado conmemora el hito histórico que supuso la recuperación del retrato de La marquesa de Santa Cruz, de Francisco de Goya. Este caso no solo devolvió a España una pieza fundamental de su tesoro artístico en 1986, sino que supuso un punto de inflexión en la defensa jurídica del patrimonio frente a la exportación ilegal. El Museo expone por primera vez la obra junto a una de las copias recientemente localizada en el comercio de arte, encargada por Franco en 1941 para compensar a los legítimos propietarios la adquisición forzosa del original con la intención de regalársela a Hitler.
Como complemento a esta instalación, el Museo del Prado ha desarrollado por primera vez una infografía interactiva en su web que recopila toda la historia y los secretos de este retrato con abundante documentación de su Archivo: La historia de «La marquesa de Santa Cruz» – Museo Nacional del Prado. El próximo 13 de abril de 2026, a las 18.30 h, en el auditorio del Museo del Prado, Miguel Satrústegui impartirá una conferencia que describirá episodios clave de la historia de este retrato.
La recuperación del retrato de La marquesa de Santa Cruz, obra destacada de Francisco de Goya en el Museo del Prado, constituye uno de los ejemplos más ilustrativos de la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales en España, y de la normativa jurídica que fue acompasando su ejercicio en el siglo XX. Tras ser objeto de una exportación ilegal mediante una sofisticada trama de falsificación documental en 1983, el retorno del lienzo a España en 1986 no solo supuso el rescate de una pieza inestimable para el Museo del Prado, sino que validó la necesidad de la recién promulgada Ley de Patrimonio Histórico de 1985, que sustituía a anterior Ley del Tesoro Artístico Nacional de 1933, la cual todavía no confería al Estado la propiedad de los bienes exportados ilegalmente.
El lienzo, que muestra a Joaquina Téllez Girón (1784-1851) -ejemplo de aristócrata ilustrada-, reclinada con una lira, fue vendido por sus propietarios a un marchante de arte por un modesto precio y bajo documentos falsificados. Tras pasar por Zúrich y Los Ángeles —donde fue ofrecido al Museo Getty por 12 millones de dólares—, la obra fue finalmente localizada en Londres, lista para ser subastada por la casa Christie’s en abril de 1986. Bajo la dirección del entonces ministro de Cultura, Javier Solana, y con la asesoría estratégica del abogado Rodrigo Uría, el Gobierno de España emprendió una batalla legal inédita en la High Court de Londres. Ante la imposibilidad de aplicar retroactivamente la entonces nueva Ley de Patrimonio Histórico de 1985, el equipo jurídico español logró un fallo histórico basado en un precedente de 1861. El juez británico reconoció que el uso de permisos de exportación falsos perjudicaba económicamente al Estado español, permitiendo así frenar la subasta.
La recuperación se culminó el 9 de abril de 1986 con la firma de un contrato de adquisición por 6 millones de dólares, la mitad de su valor de mercado en aquel momento. Este logro fue posible gracias a una movilización sin precedentes: 3,5 millones de dólares fueron aportados por más de 75 entidades privadas y empresas, coordinadas por la Fundación de Apoyo a la Cultura y con el aval del Banco Central. Los 2,5 millones restantes se cubrieron con cargo a los presupuestos generales del Estado.
La obra se expone de forma definitiva en el Museo del Prado y su retorno supuso un triunfo en la defensa del patrimonio, blindando para siempre su custodia. Para evitar que se repitiera una situación similar, el Gobierno declaró la obra como Bien de Interés Cultural e inexportable mediante un Real Decreto aprobado poco después de su llegada. La opinión pública y mediática la calificaron como una de las operaciones de rescate artístico más complejas y costosas de la democracia española.
El caso de «La marquesa de Santa Cruz» evidenció las carencias de la antigua ley de 1933 y validó la necesidad de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. Esta normativa establece ahora con claridad que los bienes exportados sin autorización pertenecen al Estado y son inalienables.
El cuadro que Franco quiso regalar a Hitler
La historia del cuadro comenzó mucho antes de su exportación ilegal. En 1941, Franco tuvo la firme intención de regalarle esta pintura a Adolf Hitler, tal y como atestigua una carta de 26 de mayo de 1941 del Marqués de Lozoya, entonces director general de Bellas Artes, al director del Museo del Prado, Fernando Álvarez de Sotomayor: “Ya sabe Vd. que S.E. el Generalísimo desea hacer un regalo de importancia a Hitler y que la atención del enviado del führer se fijó en la marquesa de Santa Cruz, en cuya lira figura una cruz gamada. Esta noche han quedado ultimadas las negociaciones y el cuadro debe quedar a la disposición del Generalísimo, que señalará el día para la entrega al Embajador de Alemania. Le supongo satisfecho, como yo, de esta solución que viene a resolver un problema que nos tenía un poco inquietos”.
Heinrich Himmler había visitado Madrid un año antes, en octubre de 1940, en lo que no fue solo un despliegue de propaganda militar, sino también una búsqueda de validación cultural y racial que culminó en el Museo del Prado. Mientras se ultimaban los detalles logísticos para la histórica cumbre de Hendaya entre Hitler y Franco, el jefe de las SS recorrió las salas de la pinacoteca madrileña, interesándose especialmente por las obras de autores germanos como Durero y la herencia de los Austrias, tratando de vincular el arte español con el «genio ario».
La documentación conservada en el Museo permite comprobar que el retrato de la marquesa estuvo depositado en el Prado hasta el 29 de enero de 1944, fecha en la que se devolvió a sus legítimos propietarios por el Servicio de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional. El interés nazi se justificó en la lira que sujeta la marquesa, donde aparece un adorno que asociaron a una cruz gamada, aunque en realidad se trataba de un lauburu vasco. Afortunadamente el propósito de Franco no se consumó probablemente por el cambio de rumbo de la Segunda Guerra Mundial y las gestiones del General Eisenhower en el norte de África.
Las copias
El relato de las copias de La marquesa de Santa Cruz resulta tan intrigante como el del cuadro original. Para contentar a la propietaria legítima, la Infanta Doña Luisa, el régimen de Franco ordenó realizar una copia del original que se le iba a expropiar.
Una carta aparecida recientemente en el Rastro madrileño ha arrojado luz sobre este encargo, permitiendo conocer la cifra que se abonó por el original y elevando el número de copias. Según dicha carta, fechada el 20 de octubre de 1942, el dictador llegó a desembolsar 1,5 millones de pesetas por el retrato, dejando a deber una pequeña fracción de 9.000 pesetas correspondiente a 3 copias que el Marqués de Lozoya, entonces director general de Bellas Artes, había encargado un año antes al pintor Núñez Losada, bajo la intermediación del subdirector del Museo del Prado, Sánchez Cantón. Dichas copias no se deben confundir con otra versión más o menos coetánea al retrato original, que perteneció a la Colección Wellington. Esta copia fue adquirida en 1958 por el County Museum de Los Ángeles (que la descatalogó en 1977) y finalmente fue localizada en 2014 entre los bienes incautados a Imelda Marcos por el Estado de Filipinas.
Como parte de la conmemoración de la recuperación del retrato de La marquesa de Santa Cruz, el Museo del Prado ha realizado una instalación especial en la sala 38 del Edificio Villanueva del original junto a una de las copias mencionadas, adquirida y restaurada por el galerista e historiador del arte, José de la Mano.
La exportación ilegal
En marzo de 1983, la entonces propietaria de la obra, María Mercedes Fernández Valdés, vendió el cuadro a Pedro Antonio Saorín Bosch por 25 millones de pesetas, con la cláusula expresa de que no saliera de España. Sin embargo, Saorín sacó la obra clandestinamente del país, probablemente en un camión, y la llevó a Zúrich, donde la adquirió un empresario llamado Lord Wimborne.
La alarma saltó en junio de ese mismo año, cuando el Ministerio de Cultura español recibió noticias de que el cuadro estaba en Los Ángeles y se había ofrecido a la venta al Museo Getty por 12 millones de dólares. Después de que el Getty desistiera al conocer la ilegalidad de la exportación, la obra regresó a Europa y se mantuvo oculta en un laberinto de empresas radicadas en paraísos fiscales como Liberia y las Islas Vírgenes Británicas, todas ellas pertenecientes a Lord Wimborne.
El fracaso de las negociaciones iniciales para la adquisición de La marquesa que lideró de forma altruista el abogado Rodrigo Uría, y el anuncio de su subasta en Christie’s de Londres en abril de 1986, determinaron que el Estado español pasara a la ofensiva legal. La estrategia, diseñada con el apoyo del abogado británico Sir Matthew Farrer, consistió en presentar una acción declarativa ante la High Court para demostrar que los permisos de exportación presentados por los poseedores eran falsos.
Un momento decisivo fue la resolución del juez Sir Nicolas Browne-Wilkinson el 21 de marzo de 1986. Basándose en un precedente del siglo XIX, el juez reconoció que España tenía derecho a evitar el daño económico causado por el uso de documentos oficiales falsificados. Aunque no detuvo la subasta automáticamente, el fallo debilitó la posición de los vendedores y aumentó la presión política en el Reino Unido.
Bajo la amenaza de un juicio inminente y la presión del gobierno británico para cumplir con su «Código de Buenas Prácticas», Lord Wimborne aceptó negociar directamente. El 9 de abril de 1986, apenas dos días antes de la subasta, se firmó el contrato de compra por 6 millones de dólares (900 millones de pesetas). Finalmente, el 17 de abril de 1986, el cuadro fue entregado en Londres y regresó a Madrid. Tras una exposición masiva en el Palacio de Villahermosa que atrajo a más de treinta mil visitantes, La marquesa de Santa Cruz encontró su destino definitivo en el Museo del Prado.
El regreso
La respuesta de la prensa española ante el regreso de La marquesa de Santa Cruz fue una combinación de euforia por la victoria diplomática y una intensa polémica sobre el coste de la operación. Según los documentos de la época, la prensa destacó el acontecimiento como un triunfo histórico para el patrimonio nacional. Se subrayó que la recuperación ponía fin a un complejo litigio internacional en los tribunales británicos y evitaba que una obra singular de Goya —cuya salida del país había sido calificada de ilegal por el Gobierno— terminara en manos de coleccionistas privados o museos extranjeros. El regreso fue presentado como un acto de justicia cultural que permitía al Museo del Prado llenar una «desiderata» histórica.
Sin embargo, este entusiasmo se vio empañado por la controversia sobre el coste económico. El pago de 6 millones de dólares (900 millones de pesetas de la época) a Lord Wimborne fue recibido con estupor por diversos sectores. El Ministerio de Cultura insistía en utilizar el término «indemnización» para no legitimar una venta comercial de algo que consideraban robado, pero cuestionó si pagar tales cantidades no sentaba un precedente peligroso que premiaba, en la práctica, la exportación ilegal de arte.
En el ámbito social, la expectación ciudadana fue masiva; el cuadro, que había permanecido oculto al público durante décadas, se convirtió en un fenómeno de masas durante su exposición en Madrid.
Imagen de la carta en la que se le reclaman a Franco 9.000 pesetas. Cedida por DELAMANO Old Masters
